La Jueza de Menores Dra. Zulema Corona está realizando un magnifico trabajo en el área de la minoridad.En un proyecto de convocatoria amplio llamó a los intendentes Ricardo Casi y Héctor Gutierrez y les propuso crear un centro de contención de menores que estará ubicado en nuestra ciudad. Por otra parte, realizó pedidos al área de minoridad provincial para que se realice un amplio trabajo preventivo. En su visita a Colón dijo que los derechos de los menores al no ir a juicio son ignorados. La magistrada dicen las fuentes cercanas estar preocupada.
Sabe que el último camino que se debe seguir es la judicialización de los menores que delinquen, aunque por otra parte no tiene las herramientas necesarias (infraestructura) para solucionar los casos más críticos que ingresen a su juzgado.
En la región, es hora que nuestros dirigentes piensen en un futuro y dejen las pasiones políticas del pasado y presente, efímeras en la vida de una ciudad o un país.
Advertencia
En el mismo sentido, la diputada nacional de Buenos Aires Laura Musa (ARI) propuso la derogación de las leyes de minoridad en materia penal, y el establecimiento de un régimen legal acorde con principios constitucionales, aplicable a los menores de 18 años que cometen delitos.
La diputada del ARI advirtió que los jueces dictan resoluciones en base de normas dictadas en gobiernos militares, que contradicen la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Constitución, ya que, discrecionalmente, «resuelven sobre la vida y la libertad de los jóvenes por la sola sospecha, y sin la sustanciación de juicio previo donde se observen las mismas garantías otorgadas a los adultos». El proyecto prohíbe la detención de menores en comisarías, y plantea la creación de modernas instituciones, como la conciliación entre el menor y la víctima, la suspensión del juicio a prueba («Probation») y medidas alternativas para restringir la libertad, además de un programa educativo y correctivo.
La diputada Musa sostuvo que parece mentira que los principios constitucionales hoy no rijan para los menores de edad. En este plano, observó que la situación de amparo jurídica de los menores ha pasado indiferente por algunos legisladores, porque las instituciones de la democracia no han tomado en cuenta que quienes tienen menos de dieciocho años cuentan con menos derechos constitucionales que los adultos, cuando la Constitución no hace tal distinción en ninguno de sus artículos.
La iniciativa en cuestión propone la derogación de leyes dictadas por gobiernos militares que instauraron los regímenes penales de la minoridad, y el fundamento es que las normas contenidas en aquellos textos contradicen la mayoría de los principios establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994.
Imputabilidad
«Bajar la imputabilidad significa, lisa y llanamente, que en lugar de los dieciséis años, los chicos ingresen al sistema penal de adultos a los catorce, pero nosotros creemos que en una sociedad no se puede concebir que un chico que comete un delito a los quince años lo está haciendo con la misma subjetividad y con la misma comprensión que una persona que lo hace a los treinta años» sostiene Musa.
Si bien toma distancia de los parlamentarios de «mano dura», está en contra de los delitos cometidos por los menores.
Lo que el proyecto propone es la creación de instituciones jurídicas justas, equitativas y equilibradas, que no sólo pongan el acento en la punibilidad o en la «resocialización» utilizada para las mayores, sino que permitan una verdadera reeducación de los jóvenes, especialmente de aquellos desamparados y marginados por el sistema.
Medidas alternativas
Entre las medidas alternativas se encuentran ciertas prohibiciones -como la de concurrir a determinados lugares-, reglas de ayuda como las que presentan la «probation», mediante las que el menor podrá realizar trabajos comunitarios, prestando colaboración en geriátricos, escuelas, hospitales, etc.
Estas medidas, además, se podrán realizar en el propio medio o entorno del menor, porque «es bueno que el chico no sea sacado de su lugar para que cumpla con algunas de estas medidas y que después vuelva a un sitio que le será hostil». La diputada enfatiza en la necesidad de contención del menor, para lo cual necesita la ayuda de todo un sistema complejo, donde se debate una ecuación difícil de resolver: la peligrosidad y los daños causados por los jóvenes y la delicada situación de éstos.
Estado parlamentario
El proyecto fue presentado y se encuentra con estado parlamentario en la comisión de Asuntos Penales de la Cámara de Diputados, donde también se encuentra un sinnúmero de iniciativas de otros legisladores. Pero la de la diputada Laura Musa recibió las mejores críticas de doctrinarios y juristas, e incluso la Asociación para la Defensa de la Infancia (ADI) la valoró como el trabajo más serio, no sólo por su extensión, si no porque abarca todos los aspectos constitucionales del debido proceso, del que hoy sólo gozan los mayores.
De este cúmulo de propuestas radicadas en el Congreso, se destacan los que propugnan la reducción de la inimputabilidad de los menores (bajar la edad), promovidos principalmente por Carlos Ruckauf y la diputada Mirta Pérez -que accedió recientemente desde el grupo de Patti, quienes representan el «mano- durismo» legislativo.
Estos legisladores están planteando la baja de la edad sobre la base de que los chicos que cometen delitos deben tener sanciones de adultos.
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