A fines del año pasado, la Legislatura provincial adoptó una decisión que desde entonces no ha cosechado más que rechazos de la mayoría de los intendentes: modificó -a través del artículo 44 de la Ley de Presupuesto-, el artículo 226 inciso a) de la Ley Orgánica de los Municipios.
Así, las comunas perdieron la facultad de cobrarle a la Provincia las tasas por los edificios que ocupan escuelas, comisarías, salas sanitarias, registros civiles y dependencias judiciales que funcionan en los distintos distritos de la provincia.
Pero ahora, los diputados van a dar marcha atrás con la iniciativa.
Ayer, representantes de todos los bloques bonaerenses -con excepción del Paufe, acordaron unificar tres proyectos de ley -uno radical, otro del ARI y otro justicialista-, que planteaban devolverle a las comunas la facultad de cobrarle a la Provincia.
También se pusieron de acuerdo en aprobarlo en el recinto, lo que, según estimaron fuentes legislativas, podría ocurrir dentro de un mes y medio, una vez que la iniciativa pase por las comisiones de Presupuesto y de Asuntos Constitucionales.
El proyecto tiene dos artículos, uno para reponer la facultad perdida por las comunas y otra que indica que las comunas podrán volver a cobrar a partir del año próximo. Este último punto se incluyó para evitar que el gobernador Felipe Solá vete la norma con el argumento de que afecta el presupuesto aprobado para este año.
Según el diputado Juan Gobbi (UCR), el principal argumento a la hora de lograr el acuerdo fue que la exención atentaba contra la autonomía municipal. Incluso los diputados justicialistas, que en un primer momento habían hecho valer su mayoría para aprobar la norma, ahora aceptaron dar marcha atrás.
El mismo principio de autonomía fue esgrimido por el intendente de Trenque Lauquen, Juan Carlos Font para plantear un recurso ante la Suprema Corte provincial para no eximir de tasas a los edificios provinciales de su distrito, cosa que, hasta ahora, ha cumplido en la práctica. El jefe comunal dijo que ese Tribunal debe fallar esta semana sobre la cuestión, pero más allá de eso y de la reciente movida de los diputados, aclaró que no retirará la acción legal.
Es que para Font la cuestión de las tasas no es simplemente un asunto de dinero -a su municipio, por los inmuebles provinciales le ingresan cerca de 25 mil pesos por mes, una cifra que él mismo consideró como «no muy significativa»-, sino de principios. «No podemos dejar pasar el precedente de que se avasalle la autonomía», dijo Font al reafirmar su decisión.
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