Si las sospechas del fiscal federal Guillermo Marijuán se cumplen, casi todos los 134 intendentes de la provincia de Buenos Aires deberán desfilar ante la Justicia. El titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises) denunció durante las últimas semanas que empleados en actividad de 77 municipios bonaerenses cobraron planes sociales destinados a personas sin empleo.
Las presentaciones alcanzarán en los próximos días a 33 comunas más, mientras que otras 15 se encuentran en observación de los investigadores. De comprobarse irregularidades, serían 125 los municipios comprometidos.
En total, son 2576 los agentes municipales denunciados que desde 1998 reciben beneficios de alguno de los tres programas sociales del gobierno nacional.
En el caso de concretarse las denuncias que la Ufises tiene en carpeta, los empleados investigados serán 3700.
Si bien las presentaciones sólo mencionan como imputados a los empleados municipales que cobraron el subsidio, indican que "deben ser investigados los funcionarios públicos municipales y los miembros de los Consejos Consultivos que permitieron, participaron o encubrieron esta maniobra".
Las denuncias de la Ufises, encargada de investigar los hechos ilícitos cometidos en los programas de seguridad social, fueron presentadas ante los distintos juzgados federales de la provincia de Buenos Aires. En los escritos se encuadran los hechos dentro del delito de defraudación al Estado, que prevé una pena de dos a seis años de prisión.
"Deseo puntualizar -dice Marijuán en sus presentaciones- que todos [los denunciados] son dependientes de municipalidades, que, justamente y en la mayoría de los casos, fueron los centros que tenían delegada la potestad para inscribir beneficiarios y colaborar, de esta manera, con el Estado nacional en la distribución de esos escasos recursos sociales."
La investigación, iniciada a fines del año pasado, contempló el entrecruzamiento de los beneficiarios de todos los planes sociales nacionales y las nóminas de empleados de los 134 municipios de la provincia de Buenos Aires, en el que colaboró la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Los resultados indican que, desde 1998 hasta la actualidad, 2576 empleados municipales cobraron, al menos durante un mes, un subsidio para desempleados, mientras percibían un sueldo del Estado.
Con 94 casos denunciados, el ranking de irregularidades lo encabeza el municipio de Quilmes, gobernado hoy por Sergio Villordo (PJ) y hasta diciembre del año pasado, por el radical Fernando Geronés. Le siguen San Isidro, con 91 casos denunciados; San Martín, 79; Moreno, 78; San Fernando, 66; Pilar, 65, y Lanús, 61.
Entre los casos que serán denunciados en los próximos días, Malvinas Argentinas, conducida por Jesús Cariglino (PJ), es el municipio con más anomalías: 260.
Aunque es uno de los casos en los que aún resta corroborar la información, en Avellaneda se registraron, según los datos preliminares, 232 irregularidades.
El presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), el intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra (PJ), consideró que no es justo cargar todas las culpas sobre los jefes comunales.
"Hay muchos beneficiarios que no se anotaron en los municipios y nosotros no contamos con los sistemas informáticos adecuados para hacer los entrecruzamientos", dijo a LA NACION.
Pereyra agregó que no existen casos en los que los intendentes, estando al tanto de la doble remuneración, hayan mantenido la irregularidad.
"Cada vez que se detectó un caso, se dio de baja el plan, pero a veces la Nación tardaba en hacer efectiva la baja", explicó.
Responsables
Para Marijuán, existe una responsabilidad de funcionarios de los municipios. "Si bien el número de casos denunciados no tiene gran incidencia en relación con la cantidad de planes que se distribuyeron, demuestra que hubo deficiencias en el reparto de los planes porque justamente las intendencias fueron las encargadas de anotar a los beneficiarios", dijo a LA NACION. Destacó, por otra parte, que durante la investigación, el gobernador Felipe Solá instó a los intendentes a entregar las nóminas de empleados.
En una pesquisa paralela, finalizada en abril pasado, la Ufises denunció que más de 1100 agentes de las 23 policías provinciales cobraban o habían cobrado en algún momento un subsidio para desocupados.
Por Gabriel Sued
De la Redacción de LA NACION
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