Las audiencia preliminares es nuevo instrumento que ya se aplica en los tribunales nacionales y en provincias tales como Río Negro y Tierra del Fuego, está contenido en un proyecto de ley que el Ejecutivo bonaerense giró en las últimas horas a la Cámara de Diputados.
La iniciativa modifica varios artículos del Código Procesal Civil y Comercial que apuntan, según se indicó oficialmente, a "sanear, fijar la legitimación de las partes, simplificar los objetos controvertidos y determinar los hechos litigiosos y las pruebas a producirse".
Concretamente, lo que se plantea es que el juez de la causa deberá citar a las partes a una audiencia, que será de carácter preliminar a la etapa probatoria, y en ese ámbito procurará la conciliación o una solución al diferendo. Pero si ello no fuera posible, deberá decidir qué hechos se van a probar y las medidas admisibles, esto es, qué elementos probatorios se practicarán en el debate judicial.
"Esto posibilitará dinamizar muchísimo los procesos, porque a veces se hacen pericias que no sirven, que significan costos y dispendio de tiempo. En una audiencia preliminar, se avanzará más directamente hacia al nudo del conflicto, y se va a decidir, por ejemplo, cuántos testigos habrá y sobre qué van a exponer", indicaron funcionarios del ministerio de Justicia.
"Se consagra así una aspiración no solamente de la doctrina procesal, sino también de magistrados y abogados en la que el juez y las partes no sólo llegan a un conocimiento personal, sino que además simplifican futuros trámites al fijar concretamente los hechos litigiosos y los medios de pruebas para acreditar sus respectivas afirmaciones", se justifica en el proyecto.
En todos los casos, se exigirá que el juez esté presente en la audiencia.
Más cambios
No es el único retoque que se pretende realizar al Código Procesal Civil y Comercial. Con la idea de aliviar el trabajo de los jueces, se apunta a que los secretarios del magistrado puedan disponer una serie de diligencias como la reiteración de providencias ya dictadas por el juez, como el caso de la fijación de nuevas audiencias cuya admisibilidad ya fue determinada, como así también librar nuevas cédulas o mandamientos en las mismas condiciones que las solicitadas y ordenadas por el titular del juzgado.
También podrán firmar, en la etapa probatoria, todas las providencias que no impliquen pronunciarse sobre la admisibilidad o caducidad de la prueba.
Idénticas facultades que los secretarios tendrán los prosecretarios y los jefes de despacho. Finalmente, el proyecto introduce otro cambio al mismo Código: se permitirá que pueda recusarse sin causa a uno de los jueces de las cámaras de apelación. Hasta el momento, sí se puede recusar al juez reservando la causa para hacerlo, es decir, sin probar ni mencionar la razón que motiva el apartamiento requerido.
Aumento a Estatales Bonaerenses
El acuerdo al que arribaron los gremios estatales y docentes bonaerenses con el gobierno de Felipe Solá puede tener fecha de vencimiento. Mientras el ministerio de Trabajo firma el acta con las agrupaciones sindicales, dirigentes de varias de ellas advierten que, como máximo, en dos meses se debe restablecer la discusión por la recomposición de los salarios.
El planteo sindical es el siguiente: este mes habrá tranquilidad porque ya se está pagando el sueldo de junio más el medio aguinaldo. En agosto pasará algo similar, debido a que se comenzará a efectivizar el aumento que no solo impactará positivamente en el salario, sino también en la antigüedad, las asignaciones familiares y los viáticos.
Pero en septiembre aparecería un factor que sería determinante para instalar una nueva instancia de discusión por los sueldos. Se trata del pago de los 100 pesos de aumento prometidos por el gobierno de Néstor Kirchner a los estatales nacionales que ganan menos de mil y que se sumará a los 150 pesos que se aumentarían desde el mes próximo en la esfera nacional.
El centro de la cuestión radica en que la oferta final realizada por el Ejecutivo bonaerense no terminó de conformar a los gremios, que la calificaron de insuficiente, aunque finalmente la aceptaron en el marco de la conciliación obligatoria y a los efectos de no extender más un conflicto que ya afectaba considerablemente las prestaciones básicas del Estado.
Todos los dirigentes gremiales insisten en que la mayor parte de los sueldos provinciales está por debajo de la línea de la pobreza. "Si la protesta en la provincia vino una vez como coletazo del aumento otorgado por la Nación, se especula con que en agosto o a más tardar en septiembre pasará algo parecido cuando Kirchner otorgue la segunda parte de la actualización a la que se comprometió con sus trabajadores", especuló un alto dirigente gremial que forma parte del arco sindical integrado por 21 agrupaciones.
Por el momento, los gremios exigieron a Solá que se comprometa por escrito a convocar a una mesa de diálogo para avanzar con temas laborales, más allá de lo estrictamente salarial. Allí se negociarán cuestiones tales como la promoción por concurso de los cargos vacantes, el pase a planta permanente de los temporarios mensualizados, el recupero del premio de seis meses de salario al concretarse el pase a retiro, la corrección y aprobación de los planteles básicos, como también la restitución del 3 por ciento anual de antigüedad.
La última oferta salarial del Gobierno incluye un aumento de 100 pesos remunerativos no bonificables, que serán 86 de bolsillo, la equiparación de las asignaciones familiares con las nacionales, la duplicación de los viáticos (de los 38 pesos actuales a 72 diarios) y el adelanto de una deuda por antigüedad. Algo similar ocurre con los docentes, que recibirán incluso un aumento superior a los 20 pesos en el básico por cada cargo.
Pese a ello, los gremios insisten en que las bases no tardarán en reactivar el reclamo de una nueva actualización salarial y en las condiciones laborales en general. Incluso varias organizaciones sindicales están efectuando sondeos y encuestas entre sus afiliados y el reclamo de más aumento salarial continúa latente, según admitieron.
Es por ello que se concluye que el actual acuerdo con el Gobierno bonaerense es temporario. Constituye apenas una tregua que permitirá restablecer gradualmente los servicios esenciales que se habían visto más afectados.
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