La provincia de Buenos Aires cuenta con 26 institutos penales, 32 asistenciales, 240 hogares convivenciales, 58 pequeños hogares y 44 centros de día, que dependen de la Subsecretaría de Minoridad, en los que se encuentran alojados niñas, niños y adolescentes por haber infringido la ley penal, o por motivos asistenciales.
Las denuncias sobre las condiciones de internación en estos llamados centros asistenciales se vienen acumulando con el correr del tiempo. Entre ellas hay por falta de capacitación de su personal, de lugares donde se asegure la privacidad de los internados y de acceso a la educación, malos tratos, torturas, violaciones y castigos corporales. La clausura judicial alcanzó a algunas de estas instituciones, como el Centro de Reubicación de Jóvenes de la ciudad de La Plata, y otras recibieron severas denuncias, como la sede de Villa Madero.
Según algunas estimaciones, el 75 % de la población carcelaria adulta pasó alguna vez por institutos de menores, lo que se toma como referencia al momento de evaluar la eficacia de estos lugares como canales para la reinserción social.
Estos datos se desprenden de un proyecto de solicitud de informes presentado en la última sesión de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires a través del cual se pide al Ministerio de Desarrollo Humano y Familia, a cargo de Juan Pablo Cafiero, que informe la cantidad de menores de edad que se encuentran internados en distintas dependencias del Gobierno provincial destinadas para tal fin; la cantidad de niños, niñas y adolescentes internados por haber infringido la ley penal y por motivos asistenciales. Y cuál es el trato que reciben, especificando qué control ejerce el Ministerio, entre otras cosas.
Este pedido de informes, realizado por el diputado provincial del ARI, Horacio Piemonte, es complemento, de alguna manera, de otro presentado recientemente, en el que se pedían detalles de la cantidad de niños, niñas y adolescentes que sufrían detención en comisarías.
Denuncias
Desde su creación, el 20 de setiembre de 2000, hasta diciembre de 2002, el Registro de Denuncias de malos tratos, apremios y torturas ya sumaba 2.476 casos (un promedio de tres por día) en los cuales habían sido víctimas los menores puestos a disposición de la Justicia, siendo en las dependencias poli-ciales, que no son comisarías del menor, donde se origina un gran porcentaje de las mismas. A este número se suman las 261 denuncias registradas desde enero hasta mediados de abril de 2003.
Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dice el proyecto, en cuanto a los procedimientos disciplinarios que se utilizan en los lugares de internación y violaciones de derechos se encuentran la pérdida del derecho a la llamada telefónica semanal o a la visita de fin de semana; trabajos extras; suspensión de actividades de los internados, pasando horas en su celda sin colchón, y sin su ropa y efectos personales; castigos constantes y por cualquier motivo; reclusión en celdas cuyos pisos son mojados previamente por el personal de seguridad; requisas permanentes; violación de correspondencia; permanencia del personal durante los llamados telefónicos; encierro permanente sin otra salida que cuando son requeridos por el Tribunal; carencia de actividades al aire libre, ausencia de medidas aplicables a las mujeres menores de edad (lo que es considerado no solo violatorio de sus derechos, sino que constituye también una discriminación por género); desconocimiento del estado actual de la causa de los chicos y si se los imputa responsables del delito; ignorancia del tiempo de reclusión que se le impondrá; y falta de acceso a un abogado defensor.
Sin información oficial
Según el informe del CELS, a octubre de 2001 había entre 8.087 y 8.628 chicos y adolescentes institucionalizados, de los cuales el 81,92% estaba en institutos por causas asistenciales y sólo el 18,8% por causas penales. Asimismo, otros 8.000 estarían asistidos e internados en instituciones no vinculadas a organismos estatales. Ese mismo año, el informe establece que las estadísticas policiales muestran que en 2001 se realizaron 14.839 detenciones. Mientras que, en 2002, éstas treparon a 16.355.
A pesar de estos datos, según destaca Piemonte en el proyecto, no existe información oficial referida a la cantidad de chicos que detiene la policía por hechos no tipificados como delito, tales como contravenciones, averiguación de antecedentes, venta callejera, mendicidad, etc.
Siempre de acuerdo al CELS, las detenciones policiales se incrementaron en casi un 300 % desde hace doce años. En 1992, fueron 5.086 las detenciones, que llegaron a 14.839 en 2001.
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