La acusación es impulsada por las actuales autoridades del municipio ubicado al norte bonaerense, encabezadas por el dirigente del ARI, Edgardo Burgos, desde cuyo sector se denunció que el arqueo de cuentas constató que la gestión de Ales-sandro dejó un déficit del orden de los 600.000 pesos, irregularidades administrativas por doquier y una importante acumulación de deudas.
Los datos más alevosos de la investigación contra Alessandro revelan la detección de facturas apócrifas a nombre de empresarios supuestamente amigos, con montos muchas veces sospechosos.
Así es como aparece una boleta de más de 9.100 pesos por la compra de cubiertas para automóviles; otra por 4.200 por la reparación de la caja de cambios de una motoniveladora; otra de 9.765 pesos por el arreglo de los cilindros hidráulicos de un motor por parte de una empresa que no hace ese trabajo.
El listado de facturas falsas asciende a los 51.672, 44 pesos, y su lista permitió iniciar una causa penal contra el ex intendente, previo sumario administrativo que derivó en el pase a disponibilidad de varios de sus funcionarios, entre ellos los que se desempeñaban como tesorera, jefe de compras y contador municipal.
El amiguismo también fomentó las irregularidades. El municipio compró a una casa de artículos del hogar un cochecito para bebé por un costo de 405 pesos en tres cuotas; el remito indica que el artículo fue retirado por una funcionaria de Alessandro e imputada a la comuna como “subsidio a personas indigen-tes”.
Aunque este no fue el caso más plausible de desvío de fondos para indigentes, ya que el intendente está acusado de falsificar firmas de personas carenciadas para destinar políticamente los 20.000 pesos mensuales imputados como subsidios.
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