Este programa forma parte de la cuarta fase del plan de regularización que se inició en diciembre, explicó el subsecretario de Ingresos Públicos provincial, Santiago Montoya.
Con este programa, la Provincia pretende recuperar una deuda superior a los 370 millones de pesos, que con sus actualizaciones sumará unos 700 millones, indicó el funcionario.
Cruce de información
El envío de las 330 mil intimaciones fue posible gracias a que la Provincia pudo acceder a la base de datos de los sueldos de todo el país y luego cruzó información con los contribuyentes morosos de Buenos Aires.
Por ley, los embargos no pueden superar el 20 por ciento y la quita se realizará al empleado hasta terminar de pagar la deuda impositiva. Montoya explicó que con esta medida «estamos haciendo uso de las facultades que nos da la ley de Sincera-miento Fiscal que se aprobó a fines del año pasado y que permite el embargo de sueldos».
Este tipo de embargo no es algo nuevo en la Provincia, ya que en una primera etapa el gobierno bonaerense tomó una medida similar respecto de 80 contribuyentes de altos ingresos (algunos de ellos con sueldos mensuales superiores a los cien mil pesos mensuales).
Luego fueron embargados los sueldos de quienes tenían ingresos superiores a los seis mil, y después quienes percibían menos de esa cifra.
En la intimación el Gobierno le dará un plazo de 20 días al contribuyente para que regularice la situación.
Montoya señaló que «esta etapa es más masiva porque hoy tenemos más información».
Quejas de CAME
Más de 300 mil pequeños y medianos contribuyentes de la provincia de Buenos Aires están «amenazados» por la «voracidad fiscal» del Gobierno bonaerense, que echó mano a una ley que permite embargar cuentas bancarias y propiedades de los deudores, advirtió la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
»Con una tenacidad inversamente proporcional a la que puso para recuperar los cuantiosos créditos impagos de grandes deudores que desequilibraron al Banco de la Provincia de Buenos Aires por casi dos mil millones de dólares, el Gobierno bonaerense se ha lanzado a intimidar y a perseguir a miles de pequeños contribuyentes utilizando una ley que viola principios constitucionales», señaló la entidad.
Por esa ley, resaltó CAME, el Ejecutivo provincial «primero embarga cuentas y propiedades y luego da parte al juez, cuando el procedimiento natural debiera ser el inverso, dándole a los ciudadanos y a las empresas la posibilidad de defenderse».
Por su parte la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires declaró el «estado de alerta y movilización» de los empresarios pymes bonaerenses, «ante la falta de respuesta de la Nación a la urgente necesidad de darle una solución» al pago de las deudas impositivas de ese sector.
La entidad resaltó que más del 50 por ciento de las pymes endeudadas con el Fisco son bonaerenses, que han logrado «diversas alternativas de facilidades de pago, condonaciones y moratorias respecto de la adeudado con la Provincia».
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