Los fiscales ahondan en la investigación

Los Fiscales de Investigaciones Complejas de La Plata, Carlos Argüero y Esteban Lombardo, se reunieron con el subsecretario de Ingresos Públicos bonaerense, Santiago Montoya, en el marco de la megacausa que investiga una presunta defraudación en perjuicio del Estado bonaerense, cometida mediante el «borrado» de deudas de impuestos que ascendería a los 50 millones de pesos.

Recordemos que en la mega-causa existe por lo menos un caso de Colón confirmado y denunciado por el organismo impositivo. Durante la reunión acordaron «ampliar» la investigación hacia otras áreas contables e informáticas «en virtud de haberse detectado otros 450 casos de lavado de deudas en diferentes sectores de la Dirección de Rentas».

El caso inicial se descubrió a fines de abril, en el sector de Cobro Prejudicial, cuya sede se encuentra en el edificio de avenida 7, entre 46 y 47. En esa primera fase de la investigación aparecieron misteriosas 634 cancelaciones de deudas a contribuyentes morosos a cambio del cobro de un porcentaje de lo que debían abonar.

De esas operatorias, los instructores judiciales acreditaron la participación de al menos siete empleados, tres de ellos con escalafón jerárquico.
Durante las pericias practicadas en los sistemas digitales de Rentas, los instructores constataron similares maniobras fraudulentas en otras oficinas.

Santiago Montoya confirmó que estos nuevos casos detectados «son sólo la punta del ovillo de una inmensa maniobra desplegada por una organización que tendría entre sus integrantes no sólo a empleados de Rentas, sino también sólidos contactos con gestores y estudios jurídicos».

Argüero y Lombardo plantearon la hipótesis de que las defraudaciones se iniciaron a comienzos de los ’90, por lo que ordenaron a los instructores judiciales y peritos contables que continúen revisando «todos los sistemas de rendición, y a la vez crucen esos datos con los archivos del Banco Provincia».

Para los investigadores, la maniobra está probada. No obstante, aseguran que sería «muy difícil acreditar la autoría por tratarse de delitos informáticos».