La nueva depuración de la Policía Bonaerense, anunciada el jueves por el Ministerio de Seguridad, incluye entre los 201 efectivos desafectados, a nueve policías que prestaban servicio en Pergamino, entre ellos los seis procesados en el caso de apremios ilegales, causa por la cual estuvieron en prisión por casi tres meses, hasta que se logró su excarcelación.
Por ello, desde el jueves no pertenecen más a la fuerza el subcomisario Raúl Sánchez, el oficial inspector Miguel Paolini, el sargento Duilio Patrone, el cabo primero Juan Machuca, el sargento Eduardo Ojeda y el cabo Mauro Aguilar.
La decisión del Ministerio que conduce León Arslanian, que en el fondo pretende separar a los malos policías de los buenos policías, en este caso puntual evidencia una gran desprolijidad en el manejo, ya que al mismo tiempo de exonerar a unos 200 efectivos por ser supuestos responsables de hechos graves (torturas, abusos sexuales, secuestros, etcétera), limpia el legajo de unos 24.000 uniformados que están sumariados por causas menores.
En el caso de los seis efectivos de Pergamino, el legajo ingresó a Asuntos Internos de la Policía cuando la carátula de la causa era por torturas, pero luego la calificación bajó a apremios ilegales, sin que se modificara esa situación en el sumario policial, ante lo cual en esta nueva purga estos policías fueron incluidos dentro de lo que eran los casos graves.
Desde que se produjo la detención de estos efectivos y hasta su liberación pasaron 82 días, lapso en el cual estuvieron acusados de torturadores, por decisión del Juzgado de Garantías Nº 2, a cargo de Emil Jalil, que agravó la figura interpuesta por el fiscal actuante, Juan Andrés Gracia, quien había elevado la causa por apremios ilegales, entre otras figuras.
Casi tres meses después, y tras varios trámites no muy sencillos realizados por la defensa, la Cámara revocó la resolución del Juzgado de Garantías sobre la prisión preventiva, desestimando algunos de los cargos y volviendo a la figura de apremios ilegales, otorgando en consecuencia la excarcelación ordinaria para todos los efectivos involucrados en la causa.
El hecho de que seis personas hayan permanecido detenidas preventivamente durante tantos días, no deja de ser una desprolijidad, y es llamativo que ello se haya producido juntamente en un caso donde hay muchos actores e intereses involucrados.
En ese sentido cabe recordar que la Fiscalía General recibió un escrito con conceptos contundentes de parte de los policías acusados y que involucraría a funcionarios judiciales en algún tipo de conexión con personas que estarían siendo investigadas. Ese escrito se convirtió en una denuncia que la Procuración General le dio el curso correspondiente.
En la oportunidad, los trascendidos señalaban que "con el eficaz accionar de Paolini y el Comando se podrían haber tocado algunos intereses con el fin de sacarlo del medio, para que no esté más en el camino".
Y aquí es donde comenzaron las especulaciones en torno a que existía algún tipo de intenciones. Porque es muy sugestivo que los policías detenidos hayan presentado ante la Fiscalía General esa denuncia en la que involucraba a funcionarios de la Fiscalía Nº 2 y del Juzgado de Garantías Nº 2, y que esas mismas dependencias hayan sido las responsables de acusar y decidir las detenciones de estos policías, con argumentos "livianos" que luego la Cámara se encargaría de revocar.
Entre lo que se podría catalogar de llamativo, se produjo un hecho poco común, inédito prácticamente, que es el agravamiento de carátula realizado por el juez por sobre el pedido del fiscal. En lo común, un juez -que debe velar por los derechos y garantías de los procesados precisamente- acepta o bien disminuye los cargos que propone el fiscal, pero en este caso Jalil los potenció, pasando a torturas la figura de apremios ilegales, por lo cual una pena de 1 a 5 años pasó a ser de 8 a 25 años, ante lo cual no existía la posibilidad de la excarcelación por la vía ordinaria.
Los seis efectivos que prestaban servicio en el Comando de Patrulla fueron acusados por el fiscal Juan Andrés Gracia de falsificación de instrumento público, apremios ilegales, falso testimonio y violación de los deberes de funcionario público, aunque el juez de Garantías, Emil Jalil, cambió la figura de apremios ilegales por la de tortura, lo que constituía, en caso de probarse, un delito mucho más grave.
A pesar que en la Justicia ordinaria la carátula bajó a apremios ilegales, al legajo de Asuntos Internos de la Policía no llegó esa modificación, y hoy estos policías, que bien podrían estar dentro de los "buenos", tienen que penar una exoneración de la fuerza por el sólo hecho de que en el Ministerio de Seguridad sigue imperando la burocracia administrativa.
Porque de contemplarse que el supuesto delito cometido es menor, bien podrían estar en el grupo de los 24.000 efectivos que gozarán de la amnistía.
En el caso de Paolini -y con esto no se juzga su responsabilidad en el hecho que se le imputa- se sabe de su trabajo investigativo eficaz en varias causas esclarecidas, básicamente en casos de piratería del asfalto. Días pasados se supo de una causa que está a punto de concluir, en la cual los principales elementos probatorios fueron aportados por Paolini, a través de las cuales se logró la detención de seis piratas del asfalto (actualmente en prisión) mientras que otros dos están prófugos.
Por eso la pregunta es si se trata de un policía bueno o malo, porque se lo exonera por una causa menor y no se lo pondera por el esclarecimiento de más de una causa importante.
En fin, son decisiones políticas, donde evidentemente se tomaron expedientes "al boleo", y es de esperar que puedan existir posibilidades de revisar situaciones de este tipo, para brindar segundas oportunidades.
o Otros efectivos: Los otros efectivos policiales que prestaban servicio en Pergamino exonerados en el marco de esta nueva depuración, son los siguientes: sargento primero Ceferino Muchutti, cabo primero Sergio Ferrando y cabo primero Walter Sabas.
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