La investigación por una serie de robos de camiones de soja por piratería del asfalto iniciada hace un año y que tomó repercusión pública por los allanamientos realizados en Pergamino, Rojas, Rosario y el conurbano bonaerense, sería cerrada en su investigación, en poco tiempo más elevada a juicio Oral y Público. La Fiscal Patricia Fernández dio su último paso el viernes, cuando detuvo a uno de los tres prófugos.
La investigación fue llevada adelante por el oficial subinspector Miguel “Canario” Paolini. La piratería del asfalto estaba haciendo su “agosto” en la región y sufrió un duro golpe. Los datos aportados por el oficial de la bonaerense fueron la base legal para determinar la detención de más de una decena de delincuentes. La gloria de Paolini duró poco.
Tras su persona se habrían movidos oscuros intereses que la Procuración de la Provincia de Buenos Aires debería investigar a fondo (constaría en las denuncias realizadas por el propio policía). El uniformado semanas después de descubrir la trama “ secreta” de la piratería que mueve millones de pesos en nuestra zona fue acusado por apremios ilegales contra dos conocidos malvivientes. Miguel Paolini y otros cinco policías debieron estar detenidos.
La ultima detención de la causa judicial se produjo el viernes pasado. El procedimiento se realizó en una vivienda del barrio 12 de octubre de Pergamino. En estos momentos existen dos prófugos con pedido de detención a la propia INTERPOL.
En la causa judicial se pidió colaboración a la AFIP y se hicieron allanamientos a empresas cerealeras de la región. Un empresario será puesto en el banquillo de los acusados durante el juicio Oral y Público. También se mostraran un listado de entrecruzamientos telefónicos realizados por un moderno programa que optimiza al ya legendario excalibur. Los llamados telefónicos podrán mostrar la “espesa” telaraña tejida entre piratas del asfalto, empresarios y abogados.
La denuncia
El oficial de la policía de la Departamental Pergamino Miguel Paolini en su momento denunció ante la Procuración Bonaerense a miembros de la justicia pergaminense de entorpecer su trabajo.
El oficial policial responsabilizó a un abogado pergaminense y a funcionarios del Juzgado de Garantías Nº 2 del Dr. Emil Jalil y la Fiscalía Nº 2 que dirige el fiscal Juan Gracia.
En el escrito de varias páginas entregado a la Procuración , Paolini relata las posibles conexiones que podrían existir entre abogados, funcionarios judiciales y delincuentes dedicados a “ sacar” ganancias de la piratería del asfalto.
Por escrito
Miguel Paolini, ante los funcionarios de la Procuración ratificó su denuncia escrita y pidió ser investigado hasta las últimas consecuencias.
En su declaración, el uniformado habría declarado que el fiscal Juan Gracia, llevó a cabo en su contra una operación de prensa, denunciando amenazas telefónicas, para crear precedente sobre su próxima acción. Es decir pedir la detención de los policías. El oficial argumentó ante la procuración que estaría trabajando causas que tocarían oscuros intereses en Pergamino y la región.
En su declaración habría acusado de “armar causas” a un abogado pergaminense, con antecedentes penales y en el presente el Juez de Garantías lo habría beneficiado no llegando a la condena en una causa abierta y beneficiándolo con una probation, consistente en un trabajo social- comunitario.
El policía además aportó como prueba que cuando se allanó el estudio del letrado acusado, se habrían secuestrado armas y documentación vinculada a camiones robados.
Agregó que el abogado estaría sospechado de actuar en otros casos de piratería del asfalto que existieron en la región.
Por otro lado, Paolini denunció a tres funcionarios judiciales del Juzgado de Garantías del Dr. Emil Jalil y agregó que el letrado pergaminense denunciado tendría rápido y fácil acceso a órdenes de detención y de allanamiento.
El policía Bonaerense habría ofrecido como prueba agendas secuestradas en allanamientos por piratería del asfalto donde figuran números telefónicos y celulares de funcionarios judiciales. En el juicio Oral y Público se podría llegar a tener más datos sobre estas situaciones que servirían para “limpiar” el buen honor de la justicia pergaminense.
También habría acusado al titular de la UFI N° 2 Dr. Juan Andrés Gracia de manipulación de personas que serían allegadas a la fuerza o, directamente, que pertenecerían a la Policía para testimoniar en su contra, ofreciendo a cambio algún beneficio judicial. En esta situación estarían dos miembros de la fuerza que prestaron declaración bajo identidad reservada y luego ratificaron sus dichos.
En forma posterior los dos policías, habrían denunciado que el contenido de las declaraciones testimoniales incorporadas al caso no se correspondía con lo que efectivamente le habrían dicho al fiscal Gracia y que justamente se enteraron de lo que figuraba en esas declaraciones luego de que prestaran declaración indagatoria el titular del Comando de Patrulla y los otros dos efectivos arrestados.
La detención
Como se recordara, luego de descubrir la banda de piratas del asfalto con amplias conexiones, Miguel Paolini, el subcomisario Raúl Sánchez, el sargento Eduardo Ojeda, el agente Mario Aguilar y los suboficiales Juan Manchuca y Duilio Patrone, fueron encarcelados por resolución del juez de Garantía Emil Jalil.
Los policías fueron acusados de falsificación de instrumento público, tortura, falso testimonio y violación de los deberes de funcionario público. Los dos denunciantes de los policías tienen un amplio y profuso historial policial.
Uno de ellos violó a un discapacitado y en el presente esta detenido con sentencia firme a ocho años de prisión dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. El segundo malviviente que denunció el caso esta detenido por robo calificado contra una familia domiciliada en un campo de General Rojo y además esta acusado por tráfico de estupefacientes.
Según consta en la causa judicial, los dos malvivientes fueron detenidos en el barrio Otero de Pergamino. Los cacos llevaban una escopeta recortada y habrían estado planificando un asalto a un comercio o domicilio particular. Luego del procedimiento los policías fueron acusados por los delincuentes ante el fiscal Gracia dando origen a la causa judicial que conmovió a la región.
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