El conflicto salarial con los estatales bonaerenses parece haber entrado en un camino sin retorno: o la Nación envía los recursos para materializar una actualización en los haberes públicos o la Provincia se dirige hacia un parate institucional. En ese marco, en la administración de Felipe Solá comenzó a hablarse de la posibilidad de recurrir a una conciliación obligatoria, forzando a los gremios estatales a suspender las medidas de fuerza.
Aunque la decisión de dar ese paso legal aún no fue adoptada, el ministro de Trabajo provincial, Roberto Mouillerón, lo reconoció ante una consulta de Hoy. “Si el paro es sistemático y se prolonga en el tiempo, vamos a denunciar que no se están cubriendo servicios esenciales”, dijo. Y aclaró que ello podría dar lugar a un llamado a conciliación obligatoria.
La preocupación oficial en relación a cómo se ven afectados ciertos servicios considerados básicos se vincula principalmente con lo que ocurre en organismos tales como el IPS, el IOMA, los hospitales públicos,
Minoridad y Educación.
La Provincia analiza recurrir a una convención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para denunciar el incumplimiento de ciertos servicios públicos esenciales. No se descarta utilizar dicha herramienta para provocar un parate en la protesta y obligar a los gremios a sentarse a la mesa a negociar nuevamente.
Horas decisivas
No obstante, la variable se concretaría si la huelga estatal se mantiene en el tiempo y tiende a profundizarse, tal como todo hace prever que ocurrirá de acuerdo al creciente malestar que se vislumbra en la administración pública bonaerense a raíz del tema salarial.
Mientras tanto, el gobierno de Solá continúa aguardando una respuesta favorable de Nación respecto de la deuda de 470 millones de pesos con la Provincia -en concepto de cobertura del rojo previsional bonaerense y por traspasos de servicios-, como también mantiene expectativas en torno a la pelea por la coparticipación.
Incluso en las últimas horas la vicegobernadora Graciela Giannettasio apuntó que estaba a la firma una resolución del ministro de Trabajo nacional, Carlos Tomada, disponiendo el pago de cerca de 300 de los 470 millones de pesos adeudados. Si esa variable se concreta a principios de esta semana, la Provincia podrá comenzar a proyectar alguna de las opciones ya diagramadas para concretar el aumento salarial.
Más críticas
En el marco de los roces registrados en las últimas horas entre Nación y Provincia por el tema recursos, Mouillerón continuó con las críticas hacia la administración del presidente Néstor Kirchner. “Si la Nación dice que dará un aumento a sus empleados usando excedentes fiscales de las retenciones (que son de las provincias), ¿cómo no pensaron que los trabajadores públicos provinciales y municipales también iban a querer participar de dicho beneficio?”, se preguntó el funcionario.
Finalmente, Mouillerón intentó trasladar alguna señal esperanzadora a los estatales, al aseverar que “hay muchos caminos” y que “estamos pensando en las salidas a este conflicto”.
Hoy Buenos Aires tiene para gastar 500 millones
Como el resto de los estados provinciales, Buenos Aires está sufriendo el violento coletazo de las políticas económicas monetaristas. Por eso, la pelea por los fondos de coparticipación se plantea a nivel de supervivencia.
Las cartas están echadas. Y el Estado bonaerense deberá discutir con todas las armas legales a su alcance: no sólo por un dinero adeudado que efectivamente le corresponde, sino también por ampliar su porcentaje de participación en la torta que reparte el Gobierno nacional.
Claro que la cuestión no termina aquí. Y fronteras adentro de la Provincia también existen recursos a los que debe echarse mano frente a una situación límite. Cada año, hay nada menos que 500 millones de pesos que un grupo de empresarios del juego se llevan “alegremente” a sus bolsillos.
Resultaría saludable que esa cifra exorbitante pudiera volcarse en bolsillos menos avaros, más necesarios e infinitamente más cercanos al común de la gente. Volcarse en los hospitales deteriorados, en las escuelas venidas a menos y en elementos para apoyar el accionar de las fuerzas de seguridad. Pero para ello deben establecerse prioridades y revisarse a conciencia las políticas de Estado que se encaran desde el Gobierno.
¿Qué podría generarse a partir de una decisión contundente de la administración de
Felipe Solá en este sentido? Muy sencillo: en forma inmediata se descomprimirá una situación que en la provincia ya está en estado de ebullición. Hay cuestiones que no tienen solución sin dinero, y el conflicto planteado con los trabajadores en estas horas es una de ellas.
Elegido democráticamente por el pueblo, el Gobernador no debe apartarse del mandato que aquél le confirió en las urnas.
La defensa de los intereses de la gente debe estar en el primer peldaño de la larga escalera que aún hay que subir. El monopolio del juego mueve más de 800 millones de pesos anuales, según las cifras oficiales. Y aporta solamente 260, porque el Estado fijó un canon del 34 por ciento para un negocio que podría explotar, pero no quiso, o no lo dejaron hacerlo.
¿Qué hará Solá con el poder que le dio el pueblo? ¿Se atreverá a dilapidarlo? ¿Se apartará de la gente? ¿Optará por los empresarios del juego y marginará a la enfermera que cobra 250 pesos mensuales? ¿Permitirá extender el negocio millonario mientras miles de maestros no llegan a fin de mes? ¿Dejará que unos pocos se llenen sus bolsillos mientras los porteros sienten vergüenza por lo escaso de sus salarios? ¿Elegirá a los poderosos y no a una voluntad popular que reclama un aumento mínimo?
El bastón de mando es de Solá. Y es él quien fue elegido para orientar el timón. Apenas transitó seis meses sobre los cuatro años que debe completar. Es mucho tiempo por delante, pero es poco el tiempo que atesora la paciencia de la gente.
Las provincias ahorran energía Tierra del Fuego retrasó ayer una hora sus relojes y otras siete provincias lo harán a partir de mañana para ahorrar energía, con lo que el país quedará prácticamente
dividido en las regiones este y oeste respecto al huso horario.
El territorio más austral del país se sumó a la decisión que ya aplicó Mendoza, y tomarán igual curso Chubut, San Luis, Santa Cruz, San Juan, Tucumán, Catamarca y La Rioja. Una medida similar podrían adoptar, en próximas horas, Río Negro y Neuquén, con el fin de mantener una coordinación horaria en la
región patagónica.
De sumarse éstas dos últimas, serán 11 las provincias que cambiarán la hora y el país quedará casi dividido en dos, con un horario en la zona oeste más cercana a la cordillera, y otro en el centro y este del país. En cambio, Capital, la provincia de Buenos Aires y La Pampa decidieron mantener el huso actual: tres horas menos que en el meridiano de Greenwich. En igual sentido se pronunciaron Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, y la misma posición adoptarán Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Salta y Jujuy. Santiago del Estero aún no tomó medida alguna, pero la intervención atrasaría la hora para estar en línea con Tucumán.
El Instituto Tecnológico de Buenos Aires advirtió que el efecto económico del cambio de hora para disminuir el consumo energético es “prácticamente nulo”. Dijo que los grandes consumos, como los industriales y el alumbrado público, no se ven influidos por la modificación del huso horario.
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