El ministro León Arslanián maneja estadísticas según las cuales en los últimos años el consumo de drogas en territorio bonaerense no ha parado de aumentar. En paralelo creció la cantidad de delitos violentos en los que participan jóvenes bajo los efectos de estupefacientes.
El ministro de Seguridad dio su diagnóstico acerca de las causas de este fenómeno: los jueces federales son, por ley, los encargados de perseguir todos los delitos relacionados con las sustancias ilegales, pero se centran en los más importantes, y descuidan la venta al menudeo, esa que según el ministro «hoy se realiza en muchos quiscos de la Provincia».
Con ese panorama, la solución que planeta la Provincia pasa por devolver a su Justicia y a su policía la capacidad para actuar en los casos de venta de drogas en pequeñas cantidades.
Y dejar en la esfera federal la competencia para actuar en el casos de figuras más graves, como el contrabando, el tráfico en gran escala y la entrega vigilada.
Para empezar a trabajar con ese esquema -que impulsa públicamente el propio gobernador Felipe Solá recibió el respaldo del ministro de Justicia, Gustavo Béliz-, es necesario modificar la Ley Nacional de Estupefacientes. Arslanián había presentado un proyecto en ese sentido durante su gestión anterior, y ahora ese papel estará a cargo de la diputada nacional duhaldista Mabel Müller.
«No hay suficiente prevención, no se trabaja y para que podamos tomar decisiones operativas en el combate a la droga; necesitamos recuperar la competencia», sintetizó Arslanián, durante un encuentro en La Plata con empresarios bonaerenses preocupados por la ola de delitos que afecta a la provincia.
Y agradeció a Müller quien, dijo, «está empeñada en que se sancione el proyecto para separar las competencias en la lucha contra la droga».
Arslanián confirmó que la totalidad de los menores encerrados en comisarías bonaerenses -359 chicos-, serán sacados de esas dependencias y trasladados temporalmente a la recientemente construida alcaidía de Ituzaingó.
«Hemos avanzado en un convenio con el intendente Martín Descalzo en un convenio para usar esas instalaciones para alojar a los chicos», dijo el ministro.
Pero esa es sólo una solución temporaria para una situación que viola toda la legislación existente sobre minoridad. Según Arslanián la repuesta definitiva llegará «cuando se terminen de construir los establecimientos para menores que está haciendo el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia».
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