Esta decisión no implica que la cartera que comanda León Arslanián haya resuelto archivar su propuesta. Por el contrario, se intentará acordar las modificaciones con los jefes comunales y los legisladores en reuniones ya previstas para la semana próxima.
Como sabemos unos de los pocos intendentes que estaría de acuerdo con hacerse cargo de la policía comunal sería el propio Ricardo Casi. El tema no es menor y nuestra ciudad igualmente podría tener el “comando” de la policía.
Oficial
El proyecto oficial establece que las Policías Comunales de Seguridad funcionen en 95 distritos del interior con menos de 70.000 habitantes, y que sus intendentes sean los jefes civiles de hecho de esas fuerzas y ejerzan la «conducción operativa» a través de órdenes y directivas que impartirán a los conductores policiales de cada una de ellas.
La propuesta generó resistencias, pero de todas formas ya hay varios aspectos virtualmente resueltos y charlados entre funcionarios y legisladores. De hecho, la funcionaria de Seguridad
artha Arriola se reunió con un grupo de diputados peronistas y se habría llegado a una primera síntesis:
* La Policía Comunal no sería obligatoria, tal como lo prevé la redacción original del proyecto. Se instrumentaría en los municipios que la acepten.
* Además, los intendentes deberán contar con la autorización de los concejos deliberantes.
* También se explicitarán los alcances del concepto «conducción operativa». En este caso, se buscaría limitar las atribuciones del intendente a los aspectos funcionales de la fuerza.
* Por último, se habilitaría la posibilidad de que estas fuerzas funcionen en distritos de más de 70.000 pobladores.
Varios legisladores peronistas, que en su mayoría responden a intendentes, se mostraban contrarios a sancionar este proyecto. Por caso, el presidente del bloque de diputados, Juan Garivoto, afirmaba que había hablado con Arslanián para anticiparle que «si los intendentes del PJ no aceptan, no habrá Policía Comunal».
Esta declaración y otras gestiones terminaron armando una reunión en la que Arslanián analizará con los intendentes de los distritos involucrados distintos cambios a la norma. Y, como para calmar los ánimos, Arriola fue a Diputados para acordar varias modificaciones.
Como se ha venido informando, el proyecto establece además que estas nuevas fuerzas locales mantendrán su dependencia orgánica con el ministerio de Seguridad, que controlará el desempeño y el reentrenamiento de sus integrantes.
Estas policías no tendrán en principio efectivos nuevos como ocurrirá con la Policía II del Conurbano. Estarán integradas por oficiales y suboficiales que ahora pertenecen a las Departamentales.
Si bien en el proyecto se habla de descentralización y de «devolverle» a las comunas facultades vinculadas a la seguridad local, dos artículos de la iniciativa centralizan algunas decisiones vinculadas a cuestiones financieras, logísticas y de recursos humanos.
Por caso, establece que los apoyos en esos tres aspectos que disponga el intendente «serán coordinados con el ministro de Seguridad, quien regulará la cantidad, calidad, tipo y prioridades de los mismos».
Pero además se otorgan facultades a la cartera de Seguridad para generar un programa de reconversión e incorporación de personal que cada municipio haya afectado a la seguridad local, puntualizando que, sin embargo, su financiamiento (el pago de sueldos) continuará a cargo de cada municipio.
Así, en los municipios donde ya funcione una fuerza de seguridad municipal no armada, ésta podrá ser absorbida por la Policía Comunal. En ese caso los inspectores municipales serán entrenados y provistos de armas y los móviles municipales podrán ser puestos al servicio de esa policía, pero, como se dijo, su sueldo será pagado por las comunas.
También se avanza en la participación vecinal en la elección del jefe de las policías comunales: los vecinos podrán, en 2007, elegirlos a través del voto en los Foros Vecinales.
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