La Agencia Fiscal de Delitos Complejos del departamento General López investiga una posible asociación ilícita en torno a la causa por estafas reiteradas que alcanzaría la suma de 500 millones de pesos en ventas, con documentación falsa, de campos ubicados en distintos puntos del sur santafesino, como Venado Tuerto, Maggiolo y San Eduardo.
Así lo confirmó el fiscal de Delitos Complejos Matías Merlo, quien aclaró que, si bien el tema está en etapa de investigación, la repetición de nombres involucrados podría llevar a pensar en esa figura delictiva, aunque por el momento sólo existen elementos contundentes para afirmar que se está frente a una serie de operaciones estafatorias.
Estas investigaciones derivaron esta semana en una seguidilla de allanamientos en Venado Tuerto y Villa Cañás, que tuvieron lugar entre el miércoles y el jueves en escribanías, estudios jurídicos y domicilios particulares (entre ellos de el un médico), en las que se secuestró importante documentación para la causa, surgida a partir de denuncias formuladas por el Ministerio de Justicia y particulares. Entre las cosas secuestradas, figura un arma de fuego.
Escribanías, estudios y clínica
Concretamente, la Policía de Investigaciones y el Comando Radioeléctrico irrumpieron en las escribanías de 25 de Mayo al 600 y Castelli al 700; el estudio jurídico de Iturraspe al 600 y los domicilios ubicados en Alvear al 1100; Castelli al 900; Belgrano al 1900; Alvear al 800; Roca al 600 (casa del abogado con estudio en Iturraspe al 600); Chapuis al 2600; Saavedra al 600 y Marenghini al 200, todos estos de Venado Tuerto.
En cuanto a Villa Cañás, se allanó un domicilio particular y una clínica, donde se secuestraron historias clínicas, confirmó Merlo.
En los distintos operativos se incautaron escrituras, dispositivos de almacenamiento, computadoras, dinero en efectivo, tanto en pesos como dólares y euros. También se habrían secuestrado cheques y bolsas con dinero en efectivo, estos en el domicilio de Alvear al 1100, y se halló un arma de fuego (escopeta calibre 36 con varios cartuchos) en la vivienda de Belgrano al 1900 de Venado. Al propietario se le inició una causa por tenencia indebida de arma de fuego, mientras que otro de los individuos está acusado por estafa.
En la causa están involucradas tres escribanías, un estudio jurídico, una clínica y varios particulares. Uno de ellos se dedicaría a la compraventa de dólares y adquirió una casa ubicada en Lavalle al 1000 por alrededor de 500 mil pesos. Aunque fue ventilado en medios locales, Merlo afirmó que no hubo personas detenidas hasta el momento, y reveló que podrían ordenarse otros operativos.
El funcionario judicial explicó que lo que se investiga contempla en realidad «entre ocho y diez causas» que fueron surgiendo a lo largo de más de un año. «La más antigua es la que lleva el fiscal Juan Pablo Lavini, de Venado Tuerto, a la que luego se fueron agregando denuncias del Ministerio de Justicia y del Registro de la Propiedad, y también de damnificados particulares. Hace dos meses se abrió la última causa y el el fiscal regional Alejandro Sinópoli dispuso que pasen a la Agencia Fiscal de Delitos Complejos, con colaboración de distintas dependencias del Ministerio Público de la Acusación», recordó Merlo. Y abundó: «Fuimos analizando toda la información que teníamos y otras medidas que se fueron produciendo, observamos parámetros en común y nombres que se repiten».
No obstante, el fiscal prefirió manejarse «con cautela» y esperar a obtener resultados de la nutrida información que se está procesando.
Una seguidilla
La investigación comenzó a partir de un documento apócrifo clave para detectar la maniobra de la «venta» de campos ubicados en la región de Venado Tuerto. En ese documento el «propietario» de los terrenos autorizaba a terceros a venderlos, pero las irregularidades en la operatoria dejaron al desnudo un presunto fraude que está siendo investigado por el MPA y que derivó en la serie de allanamientos realizados primero el miércoles y luego el jueves.
«A través de un documento apócrifo, en el cual el dueño original de la propiedad autorizaba a un tercero a venderla, se hacía la transacción. En esta ocasión, empleados del Registro de la Propiedad detectaron algunas irregularidades en torno a los documentos presentados y, por eso, no dudamos en denunciar este hecho», dijo oportunamente el subsecretario de Asuntos Registrales de la provincia de Santa Fe, Matías Figueroa Escauriza.
Según explicó Merlo, en la mayoría de las operaciones los propietarios son personas fallecidas o que hacía años que no habitaban los inmuebles, y no descartó que haya testaferros en estas maniobras.
LaCapital dio cuenta el 28 de agosto pasado sobre la operatoria fraudulenta que se estaba analizando, y que fuera detectada por el Registro General de la Propiedad: una investigación hecha por el gobierno provincial que derivó en una denuncia ante la Fiscalía por una presunta estafa inmobiliaria con la venta de 456 hectáreas de campo en el sur provincial y otras seis propiedades. Desde la Agencia Fiscal de Delitos complejos ampliaron la información y aseguran que ya se habla de 700 hectáreas de campo.
el fiscal. Matías Merlo, quien evitó hablar por ahora de estafa. (La Capital)