El jefe comunal de San Pedro apareció como titular de una chacra que había sido adquirida por el municipio para construir un centro de salud, un destacamento y una escuela. Además, fue incluido en el régimen que permite a las personas sin recursos acceder a la escrituración sin costo alguno. La explicación: fue un error de algún empleado.
La exconcejal de San Pedro, Cecilia Vázquez, denunció que el intendente de ese distrito, el oficialista Cecilio Salazar, escrituró a su nombre un terreno de 6 hectáreas que fue traspasado al municipio por una familia local.
Los representantes de los vendedores, Federico Firpo y Guillermo Pedrazza, firmaron la operación con el jefe comunal por un monto de 1.794.000 pesos ubicado en La Tosquera, destinado en principio a construir un Centro de Salud, un Destacamento policial y una escuela.
El escándalo se generalizó cuando se hizo público que los terrenos se habían inscripto a nombre de Salazar y no de la administración municipal, según consta en el decreto 549/17.
Como si esta situación no fuese suficiente, se conoció que lo hizo a través de una ley que permite a las personas sin recursos acceder a la escritrua de terrenos o viviendas sin costo alguno, algo insólito para alguien como el jefe comunal de Cambiemos.
En el texto, que lleva las firmas de la Secretaria de Desarrollo Humano, el Secretario de Gobierno y del propio Salazar, se mencionan los motivos por los cuales el mandamás sanpedrino accedió, desde el 15 de mayo de 2017, al Plan de Regularización Dominial para escriturar sin costo alguno el predio «designado catastralmente como Circunscripción I — Sección N — chacra 100, Parcela 5», se lee.
Tras la amenaza de nuevas denuncias penales, el municipio respondió a las acusaciones asegurando que «se trató de un error», en boca del Director de Escrituraciones del nunicipio, Javier Silva.
El funcionario explicó que «se tomó un decreto tipo y se utilizó para una compra-venta que realizó el municipio», asegurando que «a raíz de la difusión pública del hecho mostramos el expediente original en el que, en el convalidado de la compra-venta no queda explícito en el decreto sino en una ordenanza, al tratarse de dinero público».
«El Concejo Deliberante autoriza esa compra y se hace mediante una ordenanza. Lo que hace la ordenanza, de deficiente redacción, permite la intervención de la Escribanía General de Gobierno, a la cual está obligada la Municipalidad a recurrir, porque no puede pagar un escribano particular. La forma en que puede intervenir es a través de un decreto de interés social», añadió el funcionario de Salazar.(La Tecla)