Intendentes peronistas del interior bonaerense le pidieron a la gobernadora María Eugenia Vidal desembolsos millonarios como condición para adherir al Pacto Fiscal promovido por la Provincia.
A través de una carta enviada hoy a la mandataria, 14 jefes comunales del interior presentaron un pliego con 28 puntos como condición para evitar lo que consideran «una intromisión lisa y llana en la definición de políticas públicas de los gobiernos locales por parte de la Gobernadora».
Como ya había trascendido, el grueso de la propuesta implica una transferencia millonaria para las comunas, ya que los intendentes reclamaron la restitución de los fondos de Infraestructura y de Seguridad (que en 2016 repartieron 10 mil millones de pesos); la duplicación de los fondos coparticipables provenientes del Juego; un incremento en la masa coparticipable; subas en los desembolsos destinados al mantenimiento de las policías comunales; y la construcción de 10 mil viviendas sociales.
«Entendemos necesario la evaluación y análisis parlamentario de estas cuestiones con el objeto de contribuir a afirmar pautas de transparencia y eficiencia en la inversión de los recursos públicos, así como al fortalecimiento del principio de autonomía municipal», señalaron los jefes comunales en la misiva enviada a la mandataria.
La nota fue firmada por los intendentes Marcelo Santillán (Gonzáles Cháves); Germán Lago (Alberti); Julio Marini (Benito Juárez); Oscar Ostoich (Capitán Sarmiento); Walter Torchio (Carlos Casares); Ricardo Casi (Colón); Alfredo Fisher (Laprida); Alberto Conochiari (Leandro N. Alem); Mauro Poletti (Ramallo); Juan Carlos Gasparini (Roque Pérez); Francisco Durañona (San Antonio de Areco); Gustavo Cocconi (Tapalqué); Hernán Ralinqueo (25 de Mayo) y Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes).
Entre los 28 puntos, predominan aquellos ligados a la cuestión económica. En ese marco, se destacan la restitución de los fondos de Infraestructura y de Seguridad, además del aumento del 5 al 10% del reparto de los fondos producidos por los juegos de azar, y la ampliación del porcentaje de coparticipación, hoy ubicado en el 16,14%.
También exigieron los intendentes la deducción del impuesto Inmobiliario Rural de lo abonado en concepto de mantenimiento de la red vial, y la participación en la discusión por los cambios de parámetros usados para la distribución de la Coparticipación.
En materia de seguridad, los intendentes pidieron un aumento de los fondos destinados al sostenimiento de las policías comunales, «importes que se han mantenido inalterables desde hace más de 24 meses, situación que obliga a las Municipios a detraer de sus recursos propios en muchos casos hasta más del triple de los montos recibidos».
En el plano formal, en tanto, los intendentes reclamaron una serie de cambios en la ley de Responsabilidad Fiscal, por entender que la actual «restringe las facultades conferidas por la Constitución a los Departamentos Ejecutivos y Concejos Deliberantes».
Entre otros puntos, los intendentes reclamaron modificar los parámetros que permiten los aumentos de gasto en proporción al crecimiento poblacional, al sostener que «la mayoría de los municipios del interior tienen poblaciones estables pero han duplicado o triplicado su actividad productiva».
Al respecto, el intendente de San Antonio de Areco, Francisco Durañona, indicó que la ley aprobada por la Legislatura el año pasado «más que un pacto es una extorsión fiscal, ya que no ha habido ningún tipo de participación de los intendentes del interior. Pasa a ser una imposición y hay muchísimos puntos, desde cuestiones de clara inconstitucionalidad hasta reducciones sustanciales en los recursos que se coparticipan a los municipios del interior».
«De lo que nos correspondía recibir en 2018, nos han quitado dos tercios, y hay que sumarle que con la reforma jubilatoria le han quitado del bolsillo a los vecinos un monto que ronda los 20 millones de pesos cada diez mil habitantes para el desarrollo económico local», sostuvo el intendente. (DIB)