(Por Victor Calvigioni) El lunes comenzó en Rosario los alegatos en el juicio oral contra el ex jefe de la fuerza provincial, Hugo Damián Tognoli, acusado de proteger a vendedores de droga.
A principios de noviembre de 2012, los agentes aeroportuarios apresaron en su casa de la localidad de Wheelwright al comisario Oscar Alberto Ledesma, implicado en la cadena de acusaciones contra el ex titular de la fuerza provincial comisario Hugo Tognoli . Se lo acusaba a Ledesma de un intercambio de mensajes de textos con la dueña de un burdel de Villa Cañas donde le dijo que podía comprarle drogas a Ascaíni porque tenía «arreglo con Tognoli por 30 mil por mes».
El tema recayó en la Justicia Federal y abarcó otras denuncias de traficantes cercanos al norte bonaerense. Cuando publicamos la noticia desde algunos sectores desmintieron la publicación. El expediente 94005378-P, caratulado «TOGNOLI, Hugo Damián; Fernández,; Ledesma, Oscar Alberto y otros s/ ley 23.737» era contundente
En ese momento la Resolución 1625 se dispuso el procesamiento de Ledesma y la traba de embargo sobre sus bienes por la suma de 10 mil pesos. El trámite fue ratificado por la Cámara de Apelaciones Federal. El comisario santafesino había mantenido conversaciones vía mensajes de texto con Nilda Luque propietaria de un prostíbulo en Villa Cañas.
El juez federal dijo de Luque que «resulta poco creíble lo argumentado en este caso por la testigo al intentar explicar el contenido de la conversación mantenida con Ledesma, lo que plantea un interrogante que, interpretado en función del contexto, no hace más que reforzar lo afirmado en relación a la connivencia policial con la actividad ilícita que existía, en relación a Ascaíni y su entorno.
En efecto, lo argumentado no solo carece de lógica sino que sumado al contexto, lejos de desvincularlo evidencia el conocimiento que tenía Ledesma de los nombres de los narcos y de cuánto dinero recibirían los jefes policiales a cambio de la protección que habría dado lugar a la connivencia.»
En tanto Ledesma se lo acusaba de haber omitido en fecha 21 de noviembre de 2011, mientras se desempeñaba en la UR VIII de General López en la Comisaría de Wheel wright perteneciente a la Policía de la Provincia de dar conocimiento de los nombres de los narcos y la protección que habría en el sur de la provincia de Santa Fe.
Villa Cañas
En la historia de delitos de trata de personas y nar- cotráfico (ambos caminan juntos) del sur de Santa Fe llama la atención la impunidad donde se mueven los personajes que llevan adelante estos procedimientos. El 12 de agosto de 2005, denunciamos «En un burdel de Villa Cañas, una menor de edad de apenas 16 años, tomó la trágica determinación de quitarse la vida.
La joven término su «infierno en la tierra» ahorcándose en el ámbito de una precaria vivienda que hacía las veces de prostíbulo. Es hipócrita pensar que en una localidad de estas características, la policía y las autoridades políticas, ignoren el funcionamiento de estos burdeles y hasta quien son los propietarios y quienes trabajan como prostitutas.
El asombro en este episodio no tiene límites, porque además en el mismo lugar trabajaba otra menor de 14 años que era hermana de la fallecida. Las adolescentes eran oriundas de Oberá, Misiones y habían sido traídas a Villa Cañas mediante un engaño que les indicaba que iban a trabajar en una casa de familia. El lugar donde habitaban las hermanas secuestradas era muy precario, sin agua y sin energía eléctrica.». El 25 de agosto de 2010, publicamos un nuevo caso de prostitución juvenil en un cabaret que se dio en nuestra región.
El operativo se realizó en un cabaret de Venado Tuerto, denominado Karaoke Hot Bar. En el mismo se encontró una menor de nacionalidad paraguaya de 17 años. La adolescente – y esto agrava aún más la situación- era obligada a trabajar cuando estaría gestando un embarazo de varios meses.
Y acotamos «El resultado del operativo es un eslabón más en una larga cadena de acontecimientos que de una vez por todas se debe «cortar» al juntar todas las causas judiciales que invo- lucran a la problemática e investigarlas en forma conjunta con el objetivo de desbaratar a los verdaderos «pulpos» de las mafias que lucran con la «trata de blancas» y que están detrás de las bam- balinas de los cientos de cabarets que pululan en nuestra región».
En abril de 2012 en el cabaret que está sobre la Ruta Nacional Nº 8, jurisdicción de Wheel- wright, se realizó el procedimiento judicial En el sitio de nombre de fantasía «Oasis» la justicia pergami. nense con efectivos de Gen- darmería Nacional con el exhorto judicial emanado del Juzgado Federal de Rosario detuvieron Ariel García.
El colonense se habría encontrado descansando y no opuso resistencia. Una fuente indicó que ál momento del allanamiento había trabajando doce mujeres. En el lugar la Justicia secuestró un arma de fuego y cocaína. Las versiones indicaban que algunas mujeres venían a trabajar a nuestra ciudad en un precario local, ubicado sobre Ruta Nº8. Pero no fue el unico aviso. Tres años antes Gendarmería Nacional realizó un procedimiento en la caminera de Colón y aprehendió a dos mujeres panameñas que estaban ilegalmente en el país y que señalaron que procedían de este cabaret. Dos años después Garcia es asesinado con un fierro en la localidad santafesina de Labordeboy cuando fue a cobrar una deuda por un kilo de cocaína a un distribuidor
La causa Tognoli
La denominada «causa Tognoli» estalló con la publicación de una nota en el diario Página/12 el 19 de octubre de 2012. Bajo el título «La delgada línea blanca» se revelaba una investigación de la Policía de Seguridad Aeropor- tuaria (PSA) del año 2009, es decir tres años antes de la publicación, en la cual el comisario Hugo Tognoli brindaba protección a Ascaíni para que realizara sus narconego- cios. Al momento de la pesquisa Tognoli era jefe de la ex Drogas Peligrosas, pero al momento de la nota era el máximo responsable de la policía provincial. Las pruebas
En la investigación de la PSA hay dos pruebas que vinculan a Ascaíni y Tognoli. Una es un intercambio de mensajes de texto entre Nilda Luque, dueña de un prostíbulo, y el comisario mayor Oscar La vaca Ledesma. En el cruce de textos la mujer le pide asesoramiento al uniformado para vender cocaína en su local. Y en respuesta, el comisario hoy retirado, le indicó que debía pagarle 30 mil pesos a Tognoli y que la droga debía comprársela a Ascaíni, en Villa Cañás. El juez Vera Barros procesó a La vaca Ledesma por «incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La otra prueba es una llamada que, según la PSA, realizó el propio Ascaíni el 29 de noviembre de 2009 a la comisaría de Villa Cañás para solicitar que le averiguaran de quien eran los dos vehículos que lo perseguían (una camioneta Isuzu y una Fiat Fiorino) y que luego se comprobó eran de la PSA. Así, tras la detención de Tognoli en octubre pasado, fueron detenidos el comisario Néstor José Beto Fernández, quien en 2009 era jefe de la brigada antinarcóticos con asiento en Venado Tuerto y usuario de la clave alfanumé- rica con la que se averiguó en el Registro Nacional de Propiedad Automotor la pertenencia de los dos vehículos que perseguían a Ascaíni; y el cabo Carlos Alfredo Quintana, numerario de la comisaría de Villa Cañás que recibió el pedido del supuesto narco. Estos dos uniformados fueron procesados por el juez Vera Barros, pero esperan el devenir de la causa en estado de libertad.