El Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires propuso analizar la liberación de detenidos y el traslado de presos a unidades de otras provincias para tratar de paliar la sobrepoblación carcelaria que afrontan los penales bonaerenses.
En un extenso informe, el organismo judicial advirtió que el número de personas que se encuentran privadas de la libertad en comisarías, alcaidías y cárceles provinciales es de 48.827 y habló de «niveles» de sobrepoblación «preocupantes».
«La tasa de detención de la Provincia de Buenos Aires durante el año 2017 fue de 276 detenidos cada 100.000 habitantes, mientras que la de 2018 fue de 308 detenidos cada 100.000 habitantes», señala el documento, en donde también se sostiene que el nivel de presos crece a un ritmo de 4.000 personas al año.
Desde esta perspectiva, Casación sostuvo que es «necesario fomentar la adopción de medidas para encaminar la delicada situación conforme parámetros legales».
Entre las propuestas, pide «replantear una administración de recursos que tenga una relación de mayor calidad y eficiencia entre el total de personas alcanzadas por las investigaciones penales y aquellas sobre las que realmente es necesaria una medida de coerción que alcance el dictado de una prisión preventiva».
Además, considera que existe la necesidad de «trabajar con cupos en materia de población» y solicita que «las decisiones de los jueces, como paliativo de las cifras de encarcelamiento y de las condiciones de habitabilidad indignas e inhumanas, no queden sujetas a apreciaciones arbitrarias y discrecionales».
Posibilidad de egreso
Casación llama a trabajar en «el uso racional de la prisión preventiva» y sugiere la creación de equipos de profesionales para que realicen un censo carcelario que permita «arribar a una conclusión dirigida exclusivamente a evaluar la posibilidad de que el interno entrevistado se encuentre en condiciones de integrar una lista de quienes pueden beneficiarse con morigeraciones o alternativas de la coerción».
Sugiere «una segmentación de personas privadas de libertad que pueden ingresar en un régimen de conmutación parcial de penas o, en su caso, integrar un grupo de casos para ser revisado y evaluar la posibilidad de un egreso del sistema penitenciario de encierro».(DIB)