La Tasa de Seguridad e Higiene es la más contravertida en las Comunas. En coloón hubo juicios que llegaron a la Cámara de Apelaciones en la parte administrativa a San Nocilás.
Pero ahora, la posibilidad de que los municipios y comunas del país se vean impelidos (o limitados) en su capacidad de poder cobrar tasas a las empresas que operan en sus jurisdicciones despertó la alarma no sólo entre las autoridades locales, sino en los gremios, por el impacto que esta medida tendría sobre el empleo, el salario y los derechos de los trabajadores.
El tema está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá fallar sobre la autonomía de los municipios para establecer tasas comunales. La Federación de Sindicatos Municipales de Santa Fe (Festram), advirtió que un fallo contrario a los intereses locales generaría «una crisis financiera, económica y social sin precedentes en todos los gobiernos municipales y comunales.
El conflicto se nacionalizó luego de que la empresa petrolera Esso Argentina (hoy Axion) promoviera una demanda contra la Municipalidad de Quilmes por el cobro de la tasa por «Seguridad e Higiene», reclamo que llegó a la Suprema Corte nacional luego de ser desestimado por la máxima instancia de la Justicia provincial.
Ante esta situación, la Corte Suprema llamó el jueves pasado a una audiencia para determinar si los municipios pueden cobrar tasas. Los representantes del alto tribunal nacional escucharon los argumentos de las partes, intendentes bonaerenses, organizaciones empresarias, asociaciones civiles y «amigos del tribunal», a favor y en contra de la autonomía de los municipios para establecer tasas comunales.
La audiencia «informativa», con el máximo tribunal integrado por la vicepresidente Elena Highton, y los ministros Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, se realizó en el cuarto piso de Talcahuano 550 de la Capital Federal.
Por la petrolera actuó la abogada María Inés Giménez y por la parte demandada lo hizo el intendente Martiniano Molina, con la colaboración de la subsecretaria de Coordinación Jurídica Silvina Lima. Entre quienes no son «parte» actuante, hubo representantes de 40 municipios, la Unión Industrial Argentina (UIA) y su sección bonaerense, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), el Ministerio de Gobierno local y el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), entre otros, quienes tuvieron cinco minutos para hacer uso de la palabra.
Debate
La tasa tiene que ser un tributo «vinculado» al servicio, pero «no hay una estricta proporción», afirmó la letrada de Esso quien, aunque negó que fuera confiscatorio, remarcó que se trata de un problema «que debe ser resuelto en el Congreso» y «no vulnerando el principio de territorialidad». La letrada recordó que la tasa se fija por la «capacidad contributiva» y que, en el caso de la que aplica la comuna, significa el uno por ciento sobre el total provincial, siendo 24 los municipios bonaerenses en los que la compañía tiene sedes que requieren del servicio de seguridad e higiene, por lo que «habría una extensión de la territorialidad» en el cobro.
El intendente Molina (Quilmes) justificó la aplicación de la tasa por el «poder de policía» del municipio «que ampara el orden público y el bienestar del ciudadano», ya que «necesitamos personal para poder actuar». También ante preguntas de los jueces de la Corte, Molina dijo que la presión tributaria en la Argentina «es altísima», pero negó que la imposición de las mismas esté relacionada con cuestiones electorales.
Se especula con que la Corte Suprema de Justicia fallará antes de las elecciones de agosto sobre el conflicto entre la comuna de Quilmes y la petrolera Axion sobre el modo de calcular las tasas municipales de seguridad e higiene, algo que tiene en vilo a los municipios y a no pocas provincias de la Argentina.(DATOS LA CAPITAL)