16/08/2002

El subsidio de la polémica

En la última reunión fue el principal tema tratado. El intendente Miguel Lavatelli acusó a Gerardo Soria de haberlo faltado el respeto a su investidura. Un beneficiaria de Plan Municipal lo acusó al jefe comunal de realizar persecución ideológica.
Es el tema es central y debe ser tratado en una crónica individual. Según las propias referencias dadas a Colón Doce y en el programa radial “El espejo” de F.M Norte de Roque Spagnuolo, la beneficiaria de un plan de subsidio pagado de las arcas municipales hizo duras declaraciones contra el intendente Miguel Lavatelli a quien acusó de “extorsionarla” ideológicamente.
Según señaló la que sería la víctima de esta grave situación institucional, los hechos se habrían desarrollado de la siguiente forma. El jueves anterior a la reunión del Concejo Deliberante y en horas de la noche se apersonó a la casa de la beneficiaria una enviada de la Secretaria de Acción Social, Analia Roganovich comunicándole verbalmente que quedaba suspendida de las tareas que realizaba en la Municipalidad de Colón por “haber repartido boletas de la agrupación Vecinalista que dirige Gerardo Soria”. Cabe destacar que esta tarea la mujer la realizó fuera del horario de trabajo que cumplía en la comuna de Colón.
La enviada de Roganovich comunicó que no se presentara a trabajar el viernes por el motivo descripto.
El viernes la beneficiaria fue hablar con Miguel Lavatelli para pedir explicaciones. El jefe comunal la recibió y sintéticamente y en tono airado le reprochó luego de decirle “vamos a sacarnos la careta”, haberla “traicionado” al repartir boletas de Soria luego “de trabajar seis meses para mí”.
A la salida de la entrevista con el intendente la beneficiaria se encontró con Gerardo Soria y le explicó la situación. El concejal marchó muy enojado a la Secretaria del Concejo Deliberante donde telefónicamente le habría recriminado con fuertes epítetos la actitud al jefe comunal.

  • El intendente
  • El intendente en el programa “El espejo” negó esta situación y puso énfasis en la actitud tomada por Soria. En la carta presentada ante el Concejo Deliberante el intendente señala “que casi sin explicaciones (por Soria) comenzó a insultarme y a agraviarme, con distintos calificativos todos ofensivos hacia mi persona y a los gritos. Cuando apenas me permitió contestar algo, intente calmarlo invitándolo a mi despacho, como siempre lo he recibido con el mayor respeto, para que me explicara personalmente lo que quería expresarme. Ante mi invitación solo recibí nuevos insultos y me cortó el teléfono”. En otro párrafo continua “ como considero que este hecho es grave, no solo por aquello personalmente, sino por lo que significa para el normal funcionamiento institucional del municipio”.
    Soria en la reunión del Concejo Deliberante invito en repetidas veces a Lavatelli llevar el caso a los estrados judiciales.
    La bancada justicialista a través de Adrián Policani, Julio Bauer y Silvisa Araguas recriminaron duramente a Soria las actitudes que tiene en el Concejo agraviando a los concejales oficialistas.
    Por su parte la Alianza, pidió (luego fue aprobado) que el intendente Miguel Lavatelli y la persona afectada y virtualmente echada de la municipalidad dieran las respectivas versiones.
    El tema es grave y ningún ciudadano tal cual expresa la Constitución debe ser perseguido por sus ideas políticas. El Concejo en pleno debe investigar y dictaminar sobre esta situación. En el corto plazo debería expedirse y dar explicaciones a una ciudad que mira perpleja la situación originada. De no ser así en poco tiempo podría derivar en situaciones no queridas que comienza a gestarse en algunas agrupaciones.
    En la nota enviada al Concejo Deliberante, Soria acusó a Lavatelli “ que el intendente violó la Constitución Nacional atacando la libertad de conciencia, manejándose de manera canallesca”. Sobe la llamada telefónica dice “que la conversación a la que se refiere el Intendente fue telefónica y de carácter informal, y fuera de Sesión del Honorable Concejo Deliberante” y invitó “ a que el intendente inicie las querellas contra mi persona en los estrados judiciales”.
    El tema es grave y ningún ciudadano tal cual expresa la Constitución debe ser perseguido por sus ideas políticas. El Concejo en pleno debe investigar y dictaminar sobre esta situación. En el corto plazo debería expedirse y dar explicaciones a una ciudad que mira perpleja la situación originada. De no ser así en poco tiempo podría derivar en situaciones no queridas que comienza a gestarse en algunas agrupaciones.




    Volver a Semanario Colon Doce