09/08/2002
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Nueva legislación para los radares
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No podrán mandar intimación por correo. Los radares en la provincia de Santa Fe deberán hacer la falta en el mismo momento. Un negocio de millones se termina.
Las multas por exceso de velocidad efectuadas sobre la base de datos de los famosos radares y las multas fotográficas fueron motivos de largas polémicas que afectaron a centenares de colonenses.
En estos momentos las intimaciones de pago de entre 70 y 300 pesos dejaron de llegar a nuestra ciudad.
Las anécdotas de algunos de los afectados son innumerables.
Un colonense recibió una boleta por cruzar un semáforo en rojo en una población, ubicada a la vera de la Ruta 9. Según la intimación conducía un camión en la época estival. El colonense jamás había tenido o guiado un camión y además nunca había estado en esa localidad cordobesa.
Ahora se supo que todos las cámaras instaladas en las Rutas Cordobesas sobre los semáforos son ilegales. Solamente existen cuatro cámaras legalizadas en la capital de la provincia mediterránea.
En los últimos dos años llegaron a nuestra ciudad cientos de infracciones detectadas por exceso de velocidad en radares situados a la vera de rutas que cruzan ciudades santafesinas.
La mayoría de los radares no estaban homologados por la autoridad competente.
Además ahora rige una ley donde con cada radar instalado debe haber por lo menos un inspector municipal y las actas de infracción deben ser labradas en el mismo momento de ser detectadas y firmadas por el automovilista que transgredió las normas entregándoles una copia.
Ya no se puede comunicar la infracción por correo como ocurrió con centenares de colonenses que vieron avasallados sus derechos.
Por otra parte, debe haber en forma que se pueda observar carteles indicando la velocidad máxima y advirtiendo el funcionamiento de los radares. Además no se podría multar la primer infracción si la velocidad del automovilista no supera los 90 kilómetros.
Gran negocio
En los últimos días se conoció que el sistema de control montado en varias provincias (Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe) es un negocio redondo para empresas particulares que “alquilan” los radares.
Según una investigación el 70 por ciento del total de lo recaudado va a parar a las empresas propietarias de los radares. Además el sistema ahora en vigencia es preventivo y no recaudatorio como lo querían hacer los jefes comunales. La necesidad de las Comunas de captar dinero para financiar sus déficits hizo que el “arbitrario” sistema se extendiera.
Una investigación determinó que una comuna santafecina proyectaba financiar el 50 por ciento de su presupuesto con el dinero de las polémicas multas. En Colón si se hubieran pagado todas las multas intimadas se habrían ido de la ciudad en su momento más de 50 mil dólares.
Por otro lado, en la ley se determina que la homologación de los radares y su correspondiente control debe ser realizado por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial). Ningún radar que no sea avalado por el Ente Nacional tiene validez en su funcionamiento.
Multas nulas
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo ratificó su postura, basada en fuente constitucional, en el sentido de que las multas sancionadas entre el 1 º de enero del 2002 y el 25 de marzo de 2002, período en el que no existía norma habilitante de los aparatos de medición, son nulas y por lo tanto no pueden constituir causal para efectuar reclamos extrajudiciales o judiciales por la vía de apremio de los municipios y comunas con aparatos autorizados.
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