09/08/2002
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Más penas para los delitos rurales. Un diputado bonaerense pidió más penas para aquellos delincuentes que cometen delitos en la zona rural. Otro legislador solicita que intervengan los jueces de Paz.
En cuanto al trabajo de la División Delitos Rurales a cargo del comisario Juan Carlos Puchulo, en nuestra zona pierde por goleada con los delincuentes.
La jurisdicción de Colón nuevamente se vio conmovida por los continuos ataques de los delincuentes a las estancias y chacras.
En pocas semanas fueron “visitadas” varias fincas y en algunas causaron serios destrozos.
Los delitos de abigeato no cesan. En este sentido, al productor Angel Rossi los malvivientes le faenaron cuatro vacunos. La crueldad no tiene límites. A una de las vacas los cacos solamente le llevaron el cuarto delantero y trasero.
En las estancias “Las Gamas” faenaron un novillo de regular tamaño, la otra víctima es Miguel Pascusi que perdió un novillo Shorton de 350 kilos. El predio de la familia Sanchez también fue atacado. Los delincuentes en esta ocasión faenaron un novillito.
Un diputado bonaerense pide que se reforme el artículo 71 del Código Penal que permite la excarcelación de los cuatreros. En Colón el ejemplo más directo de la falta de contudencia de la legislación fue cuando la policía atrapó a los cuatreros autores de decenas de actos de abigeato y solamente una semana después estaban en libertad.
Por otro lado, los delincuentes conocen al “dedillo” los movimientos de los campos y roban las viviendas cuando sus propietarios se ausentan.
El dueño de un campo ubicado en cerca del paraje “La Juliana” sufrió destrozos en la vivienda y el robo de algunos elementos como garrafa y herramientas.
Los cacos también habrían ingresado al campo de Nicolatto y se llevaron pistones, herbicidas, pollos, gallinas, lechones y herramientas. El perjuicio habría sido de más de cuatro mil pesos.
Los hechos se suceden sin solución y en muchos casos los perjudicados no realizan denuncia por estar cansados que nadie descubra a los autores.
Otro ejemplo
La peligrosidad de los delincuentes es otro de los cuidados que deben enfrentar la gente de campo.
Tenemos información que dos de los evadidos de la comisaría de Pergamino identificados como Cristian Ramón “Piquete” Gonzalez y su hermano Maximi-liano Gonzalez, antes de ser detenidos realizaron algunos trabajos en nuestra jurisdicción asaltando por lo menos un campo y tomando de rehén a toda una familia.
La peligrosidad de los Gonzalez y su banda es de temer. Solamente recordemos que en un caso en Pergamino le prendieron fuego al productor asaltado identificado como Marcos Irasusta. La víctima todavía está en tratamiento de rehabilitación junto a su mujer que sufrió agresiones.
El escenario está descripto. Según el ministro de seguridad Juan Pablo Cafiero, en nuestro partido íbamos a tener el trabajo de la División de Delitos Rurales. La misma está a cargo del comisario Juan Carlos Puchulo. Por lo menos los resultados en nuestra jurisdicción en cuanto a su tarea son nulos. Los concejales y el intendente deberán reclamar a sus superiores más acción.
Más penas
El diputado de Trenque Lau-quen, Miguel Saredi, es el autor de un proyecto por el cual se crea un agravante genérico de la penalidad para cualquier delito que se cometa valiéndose de la indefensión de la víctima por encontrarse en establecimientos rurales o en despoblado. La iniciativa incorpora al Código Penal el artículo 41 ter, que consigna una nueva escala penal para delitos en los casos antes mencionados. Así, se elevará en un tercio su mínimo y en su máximo, sin que la pena pueda exceder el máximo legal de la especie de pena que corresponda. Saredi destacó la necesidad de contar con una herramienta adicional para «sancionar a quienes atacan con violencia a los que más solos se encuentran». En esa línea, el legislador recordó que los delitos y crímenes cometidos en el campo «no son simples y esporádicos episodios de vandalismo, en tanto arrasan los bienes de productores y se ejerce sobre las víctimas con actos de tremenda violencia física y psicológica».
La situación de indefensión que viven muchos productores, también hizo que muchos de ellos y miembros de entidades agropecuarias locales realicen rondas nocturnas, con los peligros que esa medida conlleva.
Semanas atrás, el propio ministro de Seguridad, Juan Pablo Cafiero, recibió las quejas de productores agobiados por la ola delictiva. Fue en Lobos, donde el funcionario presentó un nuevo plan de seguridad rural, que incluye el incremento de patru-llajes en caminos vecinales, la inspección de camiones de carga y la implementación de un sistema de comunicación especial entre los productores.
En los fundamentos de su proyecto, el diputado Saredi también destaca la importancia de evitar la escalada delictiva en el campo como estrategia poblacional. «Esas razones nos obligan a intentar -por todos los medios posibles- disminuir el éxodo hacia las ciudades medianas y grandes», argumentó el legislador.
Juez de Paz
Un diputado propuso facultar a los jueces de Paz Letrados de la provincia de Buenos Aires para que actúen en casos de delitos rurales. De esa manera, evitar los perjuicios que generan las demoras en los procedimientos, producto de las distancias entre los campos afectados y las ciudades cabeceras de las dependencias judiciales.
La idea fue impulsada por el diputado Eduardo Althabe (UCR), quien consideró que sería una manera de agilizar los procedimientos, como por ejemplo, los allanamientos o pedidos de incautación de pruebas.
Se evalúa votar una ley en la Legislatura bonaerense para que tengan un respaldo legal las nuevas facultades de esos magistrados. Se les permitiría ordenar, en forma cautelar, allanamientos de cualquier predio rural en el cual se lleve a cabo un delito, secuestrar o incautar las pruebas pertinentes y demorar preventivamente al presunto autor del ilícito como también al cómplice o encubridor, hasta la llegada de la autoridad competente.
Althabe fundamentó su proyecto en la imposibilidad material de una rápida intervención jurisdiccional debido a las extensas distancias entre los campos y las cabeceras de distrito respecto al asiento de los tribunales penales y fiscalías.
En este sentido Althabe dijo que «esa situación importa una verdadera desprotección que debe ser reducida para seguir evitando los perjuicios que los delitos rurales provocan para la población en general, en cuanto a la salud de los consumidores, y para los propietarios del ganado en particular».
«Ante la creciente ola de delitos rurales, muchos productores se protegen en forma individual, creando guardias para patrullar los campos, esta situación llevó a que se manejen armas en forma inexperta pudiendo generarse situaciones conflictivas que podemos evitar si se dota a la autoridad judicial más próxima de las facultades suficientes o necesarias para colaborar en la prevención y descubrimiento del delito y sus responsables», expresó el diputado radical.
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