02/11/2001
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Los jóvenes no tienen la culpa
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Denuncia de la Corte Suprema Bonaerense
La Corte Bonaerense denunció que existen 60 casos de muertes de jóvenes que son tomados como dudosas. Colón Doce investigó la región y pudo dar con algunos presuntos asesinatos.
Es duro decirlo pero el proceso democrático que comenzó en l983 cosechó una luctuosa lista de jóvenes asesinados. En la mayoría de los casos eran jóvenes que querían bailar, escuchar música y protestar contra las injusticias.
En Colón, por fuente de pasillos judiciales existirían casos de menores detenidos que habrían sido amenazados por policías. Esto es difícil de comprobar y la justicia habría investigado estas denuncias
Por otra parte, existe la muerte en un enfrentamiento policial de Marcelo Drapich ocurrido el 13 de marzo de l991, en el cuartel VI de Lincoln y donde tres policías colonenses fueron condenados a 8 años de prisión el 16 de diciembre de l994.
El caso por dichos de familiares cercanos a la víctima se reavivará y prometen que la sociedad conocerá toda verdad de lo acontecido en esa tarde calurosa.
En nuestra región, Colón Doce logró ubicar más de un caso donde los jóvenes habrían muerto en dudosos enfrentamientos.
La mayoría de los datos consta en el informe de la Coordinadora contra la Represión Institucional (Correpi) y los números dados por la Corte Bonaerense si se investiga la última década podría desbordar cualquier informe.
En la región
En los casos que logramos investigar hubo presuntos enfrentamientos armados con aquellos que le tenían que brindar seguridad: La Policía. Por otro lado los colonenses deben saber que la lista dada por la Corte Bonaerense puede ocurrir en cualquier lugar.
Ramón Bouchón tenía 19 años y falleció en un presunto enfrentamiento en San Nicolás en mayo de l994. Nunca se supo las verdaderas circunstancias de este caso.
Jorge Figheredo también tenía 19 años y murió en circunstancia poco claras en Venado Tuerto Santa Fe el 5 de febrero de l995.
Anibal Rodolfo Pellegrini se domiciliaba en Casilda, Santa Fe, sus progenitores nunca sabrán la verdaderas causa de su muerte.
El caso más emblemático de nuestra región y que nunca fue debidamente aclarado fue el de Clemente Arona, muerto en Setiembre de l999 en la ciudad de Venado Tuerto al ser atropellado en forma sospechosa con un patrullero policial. Los familiares del joven que tenía 23 años, habían denunciado que pocos días antes de su muerte Arona, había recibido amenazas policiales.
La sistematización de la represión contra los jóvenes pareciera que se extiende en todos el país. Entre 1992 y 1997 se podría haber dado más de 400 casos de características similares a los denunciados por la Corte Suprema Bonaerense.
El 54 por ciento de estos casos se habría dado en la Capital Federal y conurbano bonaerense.
En Santa Fe el Foro de la Memoria y Sociedad señala que entre 1983 y el 2000 murieron 134 personas por episodios de gatillo fácil. La mayoría de las víctimas tenía entre 18 y 29 años, mientras que otras 24 eran menores de edad.
El informe
La Suprema Corte de Justicia Bonaerense reiteró una advertencia al Poder Ejecutivo provincial acerca de las condiciones en que se encuentran los menores en las instituciones dependientes del Estado y reclamó que se arbitren «las medidas conducentes para prevenir los hechos de violencia institucional que, a consecuencia de acciones u omisiones, violan normas internacionalmente reconocidas relativas a derechos humanos».
El Máximo Tribunal resaltó que desde septiembre del año pasado, se registraron más de mil denuncias de apremios y malos tratos físicos o psíquicos en perjuicio de los menores tutelados. Esa información fue recabada por un Registro especial habilitado en la Subsecretaría del Patronato de Menores.
Pedido
Por otra parte, la Suprema Corte pidió que el Ejecutivo efectivice la tutela de los internados, al que está obligado el Consejo Provincial del Menor.
Los ministros de la Corte firmaron una acordada, por unanimidad, en la que recordaron que el pedido de mayor atención a la situación de los menores «fue puesta de manifiesto en reiteradas oportunidades». Al respecto, la Suprema Corte había pedido una nómina de niños y jóvenes bajo patronato estatal que murieron en presuntos enfrentamientos policiales durante los años 1999 y 2000, cifra que asciende al menos a sesenta casos.
Sospechas
Los integrantes del Máximo Tribunal de Justicia bonaerense señalaron que en algunos de los casos de esos menores muertos, habría constancia de denuncias previas por amenazas o tratos lesivos, asignándose responsabilidad a personal de las comisarías bajo cuya jurisdicción se produjeron luego los enfrentamientos que derivaron en la muerte de los menores.
El doctor Elías Laborde, miembro de la Corte y titular saliente de la misma, había alertado sobre la problemática en unas jornadas realizadas en La Plata. En esa oportunidad dijo: «este es el país de la utopía, donde las acciones se contraponen, los recursos se malgastan y se diluyen».
»La niñez se ve obligada a caminar al borde del precipicio, a incurrir en delitos, a robar, a caer en drogas y adicciones», expresó el actual ministro de la Corte.
El acuerdo dado a conocer fue firmado por los doctores Laborde, Juan Carlos Hitters, Eduardo Pettigiani, Juan Manuel Salas, Eduardo De Lázzari, Ernesto Ghione, Alberto Pisano, Héctor Negri y Guillermo San Martín, además del Procurador General de la Corte, Eduardo De la Cruz
Irma Lima
La titular del Consejo del Menor de la provincia de Buenos Aires, Irma Lima, pedirá a la Suprema Corte de Justicia bonaerense que brinde protección a los menores tutelados por el Estado, para evitar que se sumen a la larga lista de víctimas de chicos muertos por balas policiales.
El jueves último la Suprema Corte de Justicia mediante una acordada dio a conocer que en los últimos dos años murieron 60 menores en presuntos tiroteos con policías de la misma jurisdicción donde previamente habían permanecido detenidos, y denunciado malos tratos.
Lima señaló que «esto me dejó muy mal, muy preocupada, y por eso voy a pedir la protección de los chicos que han hecho denuncias y circulan en las mismas zonas donde están las comisarías en las que estuvieron presos y supuestamente fueron maltratados».
Advertencia
La ex jueza de menores advirtió que cuando los chicos salen en libertad y quedan bajo la tutela estatal, suelen circular por los mismos barrios donde podrían ser fácilmente encontrados por los policías a los que denunciaron.
Lima prometió que pedirá a la Corte la realización de una «investigación exhaustiva del modus operandi» en los casos de los 60 menores muertos por balas policiales en lo que oficialmente se caratulan como supuestos «enfren-tamientos» entre delincuentes y policías.
Para Lima, los casos denunciados se asimilan a unos «sesenta casos Bru», en alusión al caso del joven estudiante de periodismo Miguel Bru, quien murió en una comisaría platense, presuntamente víctima de malos tratos de policías, luego de haber denunciado que era constantemente acosado por fuerzas policiales.
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